España pierde 50.000 millones de euros cada año, en concepto de fraude fiscal. Un fraude que, por cierto, encabezan los directivos empresariales. En porcentaje estaríamos hablando de que el 71% de todo lo defraudado recae sobre las grandes fortunas y empresas nacionales. Quizá el mayor "recorte" que están padeciendo nuestras debilitadas administraciones públicas.
La proposición del ministro es completamente irracional (elmundo.es) |
A todo esto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responde de una manera contradictoria y poco lógica; por ejemplo ayudando a una de esas grandes fortunas, como en el caso de la Infanta Cristina, a disimular sus delitos fiscales ante la ley o incluso a darlos por buenos. Además de esto, la Agencia Tributaria está pasando por unos momentos ciertamente convulsos, con el cese de una inspectora por negarse a rebajar una multa de 450 millones de euros a la multinacional cementera Cemex, y la posterior dimisión del director de Inspección, Luis Jones, por desavenencias con la directiva.
La gota que ha colmado el vaso, si es que se puede colmar todavía más, ha sido la proposición de prescindir de algunos de los escasos organismos autonómicos de defensa de la ciudadanía, como son el Defensor del Pueblo i la Sindicatura de Cuentas. Montoro ha asegurado que supondría un ahorro de 230 millones a lo largo de los próximos tres años, es decir, un grano de arena en comparación con el desfalco anual de 50.000 millones que están llevando a cabo grandes fortunas y empresas. Si echamos cuentas, la desaparición de estos mecanismos de defensa del pueblo supondrían un ahorro de 76,6 millones al año, a lo largo de los próximos tres años. Si a 50.000 le restamos 76,6 queda un resultado de 49.923,4 millones que continuarían perdiéndose a través del fraude fiscal.
Montoro es cómplice del fraude financiero (dataprix.com) |
Una operación lógica y sencilla que podría devolverle cierta cordura al ministro Montoro a la hora de hacer sus cuentas, que parecen no funcionar muy bien, y mejorar el estado del fisco español. Aunque, claro está, si el sistema sigue tratando a la Agencia Tributaria como si fuese su hacienda personal, su rancho de vacaciones en el que tan sólo hay lugar para el desmadre, no es difícil de prever que ministro y gobierno sigan atándose las manos ante los poderes económicos, guiñando el ojito a los especuladores y defraudadores y oprimiendo más las escasas resistencias que una ciudadanía tan asediada como la española todavía posee.
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