La violencia no se palia con violencia

Por estas mismas fechas, el pasado año 2014, el Gobierno aprobó una limitación de la justicia universal que provocó que algunas causas que estaban siendo investigadas, como los genocidios guatemalteco y ruandés o bien el asesinato de José Couso, se paralizasen. Sin duda una imagen que genera contradicción con el lema 'contra la violencia', con el que PP y PSOE están defendiendo el pacto antiterrorista, con especial atención focalizada en el yihadismo, que han firmado en los últimos días.

El pacto antiterrorista es una extensión de la 'ley mordaza' (elpaís.es)

Por aquel entonces, el diputado popular, José Miguel Castillo, declaró que dicha reforma permitía "delimitar con claridad" las hipótesis en las que la justicia nacional pudiese investigar los delitos cometidos fuera del territorio español. Los líderes de los partidos firmantes del presente pacto antiterrorista, en cambio, han hablado de "unidad" y de dejar a un lado los intereses propios. Sin embargo, el acuerdo presenta una entonación marcada respecto de la prevención de utilizar Internet cómo herramienta para propagar el terror o atentar, directamente, cláusula que se está criticando duramente desde los sectores de internautas porque denuncian favorece la posibilidad de que el Gobierno incida con mayor control en la red.

Según los artículos 1 del Código Penal y 25.2 de la Constitución Española, la finalidad de "las penas y medidas privativas de la libertad" será la de reinsertar y reeducar a las personas que se encuentran sometidas a ellas. Un supuesto que dista mucho de la reforma más llamativa que incluye el acuerdo antiterrorista: la llamada 'prisión permanente revisable'. Algo que según el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "no tiene nada que ver con la cadena perpetua". Aunque en el último programa de 'Salvados', llegase a confesar que en "caso de extremo" una persona podría quedar recluida hasta la fecha de su defunción. Es decir, dicha persona estaría cumpliendo una cadena perpetua. Una cuestión demasiado subjetiva que deja únicamente al entendimiento de Gobierno y autoridades judiciales la definición del término "extremo", y en consecuencia la aplicación de este eufemismo de cadena perpetua. ¿Quién, sino, marca la línea entre lo que es extremo y lo que no?

El pacto antiterrorista cierra un triángulo en materia de legislación, junto con la también reciente reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se solapa con algunas libertades y derechos fundamentales, quedando estos en perjuicio. Y pese a la apariencia mediática que se le ha dado al asunto, de mera lucha contra el yihadismo, son muchas las pistas que indican un claro interés por parte del Gobierno y las instituciones, de aumentar su control sobre la ciudadanía.

Las políticas para frenar la violencia sólo pueden acrecentarla (elmundo.es)

Unos planteamientos de carácter violento y chocante contra el ámbito social de los cuales se 'espera', de forma incongruente, que promueven un ambiente de paz. Una idea similar a la tradicional fórmula de Vegelio, Si vis pacem para bellum ("Si quieres la paz prepara la guerra"). Es decir, violencia para frenar la violencia. Algo completamente contradictorio al ideario pacifista y a la gran labor que el movimiento y la cultura por la paz sigue enseñando. En contadas ocasiones se le ha dado opción de gobernar a los planteamientos pacíficos. Quizás por eso un Ministro de Interior puede permitirse hoy salir en pantalla, presenciar algo llamado 'devolución en caliente' y limitarse a decir que la persona en cuestión 'devuelta' está fingiendo. Qué lejos queda de esta realidad de aquello que decía el fundador de 'Fundació per la Pau', Alfons Banda: "La paz son las actitudes necesarias para romper la cadena de causalidades que explican una historia permanentemente violenta que no queremos continuar". La precaución contra esta doble moralidad usada por los Gobiernos, los cuales hoy piden paz y ayer limitaban la investigación judicial de crímenes en todo el mundo, debe extremarse, puesto que parecen decididos a utilizar hechos como los de 'Charlie Hebdo' y sucesos como los del Estado Islámico para ampliar su control tanto en las redes como en el día a día cotidiano.