miércoles, 18 de febrero de 2015

La violencia no se palia con violencia

Por estas mismas fechas, el pasado año 2014, el Gobierno aprobó una limitación de la justicia universal que provocó que algunas causas que estaban siendo investigadas, como los genocidios guatemalteco y ruandés o bien el asesinato de José Couso, se paralizasen. Sin duda una imagen que genera contradicción con el lema 'contra la violencia', con el que PP y PSOE están defendiendo el pacto antiterrorista, con especial atención focalizada en el yihadismo, que han firmado en los últimos días.
El pacto antiterrorista es una extensión de la 'ley mordaza' (elpaís.es)
Por aquel entonces, el diputado popular, José Miguel Castillo, declaró que dicha reforma permitía "delimitar con claridad" las hipótesis en las que la justicia nacional pudiese investigar los delitos cometidos fuera del territorio español. Los líderes de los partidos firmantes del presente pacto antiterrorista, en cambio, han hablado de "unidad" y de dejar a un lado los intereses propios. Sin embargo, el acuerdo presenta una entonación marcada respecto de la prevención de utilizar Internet cómo herramienta para propagar el terror o atentar, directamente, cláusula que se está criticando duramente desde los sectores de internautas porque denuncian favorece la posibilidad de que el Gobierno incida con mayor control en la red.

Según los artículos 1 del Código Penal y 25.2 de la Constitución Española, la finalidad de "las penas y medidas privativas de la libertad" será la de reinsertar y reeducar a las personas que se encuentran sometidas a ellas. Un supuesto que dista mucho de la reforma más llamativa que incluye el acuerdo antiterrorista: la llamada 'prisión permanente revisable'. Algo que según el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "no tiene nada que ver con la cadena perpetua". Aunque en el último programa de 'Salvados', llegase a confesar que en "caso de extremo" una persona podría quedar recluida hasta la fecha de su defunción. Es decir, dicha persona estaría cumpliendo una cadena perpetua. Una cuestión demasiado subjetiva que deja únicamente al entendimiento de Gobierno y autoridades judiciales la definición del término "extremo", y en consecuencia la aplicación de este eufemismo de cadena perpetua. ¿Quién, sino, marca la línea entre lo que es extremo y lo que no?

El pacto antiterrorista cierra un triángulo en materia de legislación, junto con la también reciente reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se solapa con algunas libertades y derechos fundamentales, quedando estos en perjuicio. Y pese a la apariencia mediática que se le ha dado al asunto, de mera lucha contra el yihadismo, son muchas las pistas que indican un claro interés por parte del Gobierno y las instituciones, de aumentar su control sobre la ciudadanía.
Las políticas para frenar la violencia sólo pueden acrecentarla (elmundo.es)

Unos planteamientos de carácter violento y chocante contra el ámbito social de los cuales se 'espera', de forma incongruente, que promueven un ambiente de paz. Una idea similar a la tradicional fórmula de Vegelio, Si vis pacem para bellum ("Si quieres la paz prepara la guerra"). Es decir, violencia para frenar la violencia. Algo completamente contradictorio al ideario pacifista y a la gran labor que el movimiento y la cultura por la paz sigue enseñando. En contadas ocasiones se le ha dado opción de gobernar a los planteamientos pacíficos. Quizás por eso un Ministro de Interior puede permitirse hoy salir en pantalla, presenciar algo llamado 'devolución en caliente' y limitarse a decir que la persona en cuestión 'devuelta' está fingiendo. Qué lejos queda de esta realidad de aquello que decía el fundador de 'Fundació per la Pau', Alfons Banda: "La paz son las actitudes necesarias para romper la cadena de causalidades que explican una historia permanentemente violenta que no queremos continuar". La precaución contra esta doble moralidad usada por los Gobiernos, los cuales hoy piden paz y ayer limitaban la investigación judicial de crímenes en todo el mundo, debe extremarse, puesto que parecen decididos a utilizar hechos como los de 'Charlie Hebdo' y sucesos como los del Estado Islámico para ampliar su control tanto en las redes como en el día a día cotidiano.


miércoles, 4 de febrero de 2015

3+2 son 20.000

Más master y menos grado. Este es el lema que lanza el Consejo de Ministros sobre el modelo educativo en las universidades del estado. En lugar de solventar la cuestión de unas ayudas públicas al estudio que han caído un 18% por estudiante desde 2010, el Gobierno ha aprobado el plan 3+2, que consiste en reducir el graduado a tres años y fortalecer la figura del master biennal, influencia del modelo europeo que nació después del plan Bolonia. 

1.Problema económico

En contrapartida al primer argumento de defensa que alega el ministro de educación, José Ignacio Wert, podría observarse que si bien el 3+2 es un programa que lleva funcionando varios años en las universidades de Europa, sin lugar a duda ha sido posible gracias al sistema de becas que utilizan algunos de los estados del continente. Ahí quedan, si no, los 237 euros anuales que pagan los estudiantes franceses por los estudios universitarios finalizados con un master; o los 240 euros semestrales que se pagan en muchas regiones alemanas y que incluyen un ticket de transporte por el mismo periodo de seis meses. La pregunta en relación a estos datos sería si la implementación del plan 3+2 vendría acompañada de un aumento en las ayudas a estudiantes, cogiendo a la Unión Europea como ejemplo igual que hace Wert, o bien se desarrollaría, una vez más, un plan sin poner a su alcance los recursos necesarios para garantizar su éxito?
El 3+2 se presenta con muchas preguntas sin responder (elperiodico.es)

En este punto puede detectarse, pues, que la urgencia no es tanto remodelar la estructura del graduado ni atraer con más fuerza el master, cosas que elevarían todavía más el precio de los estudios, sino reactivar las ayudas públicas para poder situarnos al mismo nivel que el resto de la Unión Europea.



2.Es necesario redefinir cuál es el objetivo de una universidad

La sociedad debe desprenderse de la visión estrictamente laboral que desde muchas instituciones gubernamentales se ha tratado de otorgar a las universidades. Éstas no deberían interpretarse como fábricas de profesionales que cada año sacan una nueva remesa al mercado laboral sin cerciorarse de que los conocimientos han sido absorvidos y comprendidos. El alumnado es la materia prima de las universidades, no del mercado. Y por lo tanto, si se entiende el centro universitario desde la perspectiva de lugar de aprendizaje y transmisión de conocimientos, ideas, capacidades de acción y de pensamiento, se comprenderá que está muy lejos de servir de mero alimento a un mercado que no tiene fin ni propósito. 

Es por ello que quizás lo primordial no sea una reestructuración del planteamiento de estudios a nivel de duración, sino una reconsideración del modelo que se instruye actualmente, que introduce a muchas asignaturas pero que profundiza poco en los conocimientos, y que se basa en una perspectiva puramente productiva, con las miras puestas en el mercado laboral y no en el bello, y cada vez más caro, arte del saber.

3.Lectura política de la decisión

Ya hay protestas programadas contra el nuevo plan (elconfidencial.es)
 A lo largo de los últimos años de crisis, los centros universitarios se han convertido en punto de concentración de muchas y diversas ideologías que comparten el mismo objetivo: combatir la austeridad que el presente gobierno liberal conservador ha impuesto a base de recortes. El sector de la educación es uno de los grandes afectados de dichos 'reajustes', según el léxico del Partido Popular, presupuestarios. La reducción de cuatro a tres años de los estudios universitarios más básicos, es decir el graduado porque la posibilidad de cursar dos años de master está limitada a quien pueda costearlo, supone la eliminación de estudiantes activos y por lo tanto la reducción de posibles opositores a la Administración. Por no hablar de esa mirada tan hipócrita que se hace en relación a la presencia española dentro de la Unión Europa: se iguala el sistema de estudios pero no las condiciones de los estudiantes.

El balance del 3+2 no podrá hacerse hasta la nueva promoción, a partir de Septiembre de este mismo año. Una cosa es segura; que los estudiantes, que al fin y al cabo es el sector por el que se está tomando una decisión que no se les ha sometido a ninguna consulta, volverán a dejar su presencia en las calles y a demostrar que en un sistema tan cortoplacista como el que mercado y gobiernos sustentan, no hay futuro para ningún estudiante, aunque se gradúe con el plan que se gradúe.